7 NOV2017
La nueva ley, que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre de 2018, busca dar transparencia a los consumidores y seguridad jurídica a la banca.
Su llegada traerá cambios para los actuales hipotecados, como la posibilidad de convertir una hipoteca variable en fija o más defensas ante los desahucios. Para los nuevos préstamos, también traerá menos comisiones y mayor control por parte de los notarios. Resumimos el impacto en cada caso:
La nueva ley incentivará la transformación de créditos hipotecarios que pasen de variables (la mayoría de las que existen en España) a fijos. En el caso de que se quiera cambiar de banco la hipoteca, la comisión máxima de reembolso anticipado será del 0,25% en los tres primeros años. A partir del tercer año, esta comisión quedará suprimida.
El proyecto de ley establece que cuando un ciudadano quiere firmar un contrato hipotecario tiene que recibir, con siete días naturales de antelación, una ficha de información normalizada con las principales características del contrato y otra estandarizada con advertencias sobre las cláusulas sensibles que aparezcan. Esta ficha deberá incluir estimaciones con diversos escenarios posibles.
En esos siete días, el consumidor deberá acudir al notario que él elija. Este profesional deberá comprobar que cuenta con toda la información obligatoria y resolver las posibles dudas sobre el contenido de la hipoteca y la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas.
Una vez informado, el prestatario deberá firmar un acta notarial, que será gratuita para el prestatario, en la que pone de manifiesto que conoce toda la información necesaria.
La norma abarata las comisiones de amortización anticipada de los préstamos. En las hipotecas de tipo variable se fijarán en el 0,5% de la cantidad entregada en los tres primeros años; el 0,25% hasta el quinto año, y cero después.
En el caso de los préstamos a tipo fijo, los porcentajes máximos serán del 4% de la cantidad anticipada si se efectúa el pago en los 10 primeros años y del 3% si es con posterioridad. En la actualidad no existe límite legal alguno para los préstamos a tipo fijo.
El proyecto prohíbe a los bancos ofrecer a la venta productos vinculados con las hipotecas. Es decir, aquellos casos en los que solo se puede contratar el préstamo si se adquieren otros productos, como un seguro de hogar.
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